Por Bruno Fonseca, Ciro Barros, Giulia Afiune y Jessica Mota
El jueves 20 de febrero, sonó el teléfono en la casa de Pedro*. El joven no estaba y quien atendió la llamada fue su madre, que recibió, sorprendida, la información: Pedro estaba intimado a comparecer al Departamento Estadual de Investigaciones Criminales de San Pablo (Deic), el sábado siguiente, a las 16h, para proveer aclaraciones. En la residencia de Lucas*, la Policía Civil convocó no sólo al muchacho sino también a su madre, ama de casa, a través de una intimación en papel entregada por policías. En otro punto de la ciudad, João* recibió en su puerta una patrulla con tres policías que le entregaron una intimación para proveer aclaraciones en los autos de una investigación identificada como 01/2013. (* Los nombres fueron cambiados a pedido de los entrevistados, por seguridad).
En total, 40 personas fueron convocadas a prestar declaración en el Deic el sábado 22, fecha en que se realizaba el segundo gran acto contra la Copa del Mundo, agendado para las 17h en la Plaza de la República. Sobre la cercanía de los horarios de las declaraciones y de la manifestación, el director del Deic, Wagner Giudice, en rueda de prensa, se limitó a decir que fijar las declaraciones el sábado en aquel horario fue una "estrategia" del departamento. 32 personas comparecieron.
Las declaraciones son parte de la investigación 01/2013 conocida dentro de la policía civil como La "Investigación Black Bloc", una investigación-madre montada por el Deic el 9 de octubre de 2013. Dos días antes, una patrulla fue depredada por manifestantes en el centro de San Pablo, y Humberto Caporalli y Luana Bernardo Lopes, acusados de participar en la acción, fueron detenidos e acusados por la Ley de Seguridad Nacional de la Dictadura Militar (lea el relato de Humberto en el recuadro al final del artículo).
La novedad de la "Investigación Black Bloc" es el intento de encuadrar a grupos de personas por el delito de asociación criminal en vez de investigar individualmente cada delito de vandalismo. Según la policía, el hecho de que haya individuos que aparezcan varias veces en situaciones de depredación indica que hay una coordinación del movimiento, que no se trata de algo espontáneo. La investigación reunió información de manifestantes y boletines de ocurrencia de detenidos que antes circulaban separadamente en las comisarías regionales de San Pablo. Ya fueron escuchadas casi 300 personas, entre detenidos en diversas protestas a partir de octubre, y hasta la madre de un manifestante.
Abogados escuchados por la Agencia Pública criticaron el procedimiento y el tenor político de los cuestionamientos realizados en el Deic.
"VOY PORQUE ES MI DERECHO"
"Me preguntaron si yo era afiliada a algún partido, si participaba en movimientos sociales, si era una Black Bloc", contó a la Pública una intimada, en la puerta del Deic el sábado 22 de febrero, después de prestar declaración. La joven se quejaba de haber sido cuestionada sobre su ideología, si estaba a favor o en contra de la depredación, y sobre el porqué de ir a las manifestaciones. "¡Por que yo quiero, es mi derecho!", se indignó.
Aquel sábado, varios interrogados relataron haber oído preguntas sobre su afiliación a partidos, su participación en movimientos sociales y hasta incluso por quién habían votado en las últimas elecciones. Muchos tuvieron que explicar el motivo de haber ido a manifestaciones y en cuántas habían participado. La policía también preguntó si conocían a otros manifestantes, "vándalos" e integrantes del Black Bloc.
A Pedro, que había sido intimado por teléfono, se le preguntó si era financiado por algún partido o movimiento social, si utiliza drogas o practicaba artes marciales. "Siempre voy a manifestaciones, pero siempre con la cara descubierta. Creo que las intimaciones arbitrarias son para intimidar, y cada vez más el Estado prevalece en su momento de sordera", critica.
"Soy mayor y nunca fui detenido, nunca hice nada malo. A mí sólo me gusta la página Black Bloc [en Facebook] y comento algunas veces", explicó Lucas, que fue intimado el día de su cumpleaños junto con su madre, que también prestó declaración. "Fui a la manifestación del día 25, pero estaba normal. Cuando comenzó la estupidez de romper todo, inmediatamente me fui. Tenía que estar en casa alrededor de las 19h30. Mi madre ni siquiera sabe qué significa Black Bloc", cuenta Lucas. Su madre, que llegó nerviosa al lugar, cuestionó la validez de que se llamara a personas que ni siquiera participaron en las manifestaciones. Incómoda por no tener ningún detalle de por qué estaba siendo interrogada, reclamó: "En una de ésas, quién sabe, cualquier persona puede hasta tener un infarto del susto".
COMIENZAN LAS CONFISCACIONES: "NO VAN A SER SÓLO TRES, VAN A SER 60″
El mismo día 22, munidos de órdenes de búsqueda y confiscación, policías civiles entraron en tres residencias del Gran San Pablo para confiscar pertenencias de personas acusadas de ser Black Blocs: una en Jardim d'Abril, en Osasco; otra en el barrio de Laranjeiras, en la zona este; y una tercera en la Cohab 2, en Itaquera, también en la zona este. Los acusados son un menor de edad que vino junto a su madre al Deic y fue liberado; una mujer identificada como "Laura Molotov" que aparentemente está en Brasilia y es investigada por producir y enseñar la producción de cócteles molotov; y un hombre, supuestamente prófugo en Paraguay, acusado de reducir a un guardia de seguridad en la segunda invasión al laboratorio del Instituto Royal, en São Roque, en el episodio del rescate de animales que servían de cobayos para investigaciones farmacéuticas, a fines del año pasado.
El director del Deic, Wagner Giudice, exhibió en rueda de prensa todo lo que fue incautado, como máscaras del soldado británico Guy Fawkes –usada como símbolo del grupo hacker Anonymous–, máscaras de protección contra gases lacrimógenos, carteles de protesta, aerosoles de tinta, un par de botas y cinco computadoras. "Fue la primera vez que conseguimos cumplir las órdenes de búsqueda y confiscación, teniendo en vista las manifestaciones de hoy. Sabíamos que algunos de ésos habían cometido delitos anteriormente, entonces fuimos a sus casas", dijo a los periodistas. El reportero de la Pública preguntó cuáles eran los delitos que ellos habían cometido. "Depredación", afirmó el director. "Si tiene que ocurrir de nuevo va a ocurrir, y con más vehemencia. No van a ser sólo tres, van a ser 60″, completó.
Según Giudice, las computadoras serán enviadas a pericias para verificar el contenido de los discos rígidos. La búsqueda es por "convocatorias a actos, manuales de guerrilla, de cómo se hace un cóctel molotov", en palabras de la policía, y también de llamadas entre las personas investigadas.
LOS ORÍGENES DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación, que permanece en secreto, es llevada a cabo por fiscales, comisarios y policías militares de una fuerza de tareas creada el 8 de octubre de 2013 por la Secretaría de Seguridad Pública (SP) y el Ministerio Público de San Pablo con el objetivo de "combatir actos de vandalismo durante manifestaciones en el Estado y garantizar que protestas legítimas no sean amenazadas por acciones violentas", según un textopublicado en la página de la SP. "Para decir basta a la violencia, unimos a las policías Civil y Militar al MP para, en una operación rápida, identificar a los sospechosos de actos criminales que entorpecen el derecho a la manifestación", afirmó el secretario Fernando Grella Vieira. "Las manifestaciones populares permeadas por actos de vandalismo pueden perjudicar el derecho colectivo a la libre manifestación", argumentó el procurador general de Justicia del Ministerio Público del Estado de San Pablo, Marcio Elías Rosa.
La fuerza de tareas compuesta por el Ministerio Público, la Policía Civil y Militar fue creada un día antes de la apertura de la investigación-madre por el Deic. Según una nota de la SP, en ese momento la Policía Civil ya monitoreaba las redes sociales de los sospechosos de estar involucrados en la táctica Black Bloc. Posteriormente, el 31 de octubre de 2013, los secretarios de Seguridad Pública de San Pablo y de Río de Janeiro se reunieron con el Ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, y anunciaron que los servicios de inteligencia de la Policía Civil paulista y carioca actuarían en conjunto con la Policía Federal para combatir a los Black Blocs.
El decreto de apertura de la investigación del Deic enumera, en seis párrafos, algunas consideraciones genéricas sobre la "famosa banda", según el documento. El texto hace referencia a lo ocurrido dos días antes, el 7 de octubre de 2013, cuando una patrulla de la policía del 3º DP de San Pablo (Campos Elíseos) fue tumbada por manifestantes, y al hecho de que Humberto Caporalli y Luana Bernardo Lopes fueron detenidos en flagrante, acusados de participar en la depredación. En aquella noche de protestas siete personas fueron heridas, incluyendo cuatro policías militares.
"Tales individuos actúan en forma organizada con el objetivo de cuestionar al sistema vigente", dice el texto del decreto, refiriéndose también a las ropas negras y máscaras que imposibilitan la identificación de los investigados. El decreto describe la tesis de que la reunión de adeptos de la táctica de Black Bloc en las manifestaciones constituye una asociación delictiva, delito previsto en el artículo 288 del Código Penal y cuya pena es de 1 a 3 años de reclusión.
En principio, una investigación policial dura 30 días, pero puede haber prórrogas sucesivas de 30 días cada una, sin plazo límite para el término de la investigación. La investigación del Deic ya fue prorrogada al menos tres veces y permanece en secreto el pedido del comisario que la preside, para que la investigación no sea perjudicada.
¿QUIÉN ES UN BLACK BLOC PARA El DEIC?
De acuerdo con la asesoría de prensa del Deic, el perfil identificado como Black Bloc es el de un joven de 16 a 20 y pocos años, que vive con sus padres, de orientación política de extrema izquierda, de clase media a media baja. "Tenemos una investigación instaurada para indagación de formación de banda para delinquir. No todos son Black Blocs. Una parte son manifestantes que tuvieron que correr para protegerse en virtud de la confrontación de la policía con los Black Blocs. Nuestra función fue recoger todo el material que teníamos, el material de internet y que la propia PM nos presentó de personas que fueron abordadas en la calle pero ni siquiera fueron llevadas a los distritos policiales. Estamos armando un rompecabezas para saber quién promueve la depredación, quién patrocina, y cuando digo patrocina no estoy diciendo pagando –quién es el que organiza esto para hacer que estas cosas sucedan", detalla el director general del Deic, Walter Giudice.
El 3 de octubre de 2013, pocos días antes de la instauración de la investigación en el Deic, alumnos de la Universidad de San Pablo decidieron, en asamblea, hacer una huelga para reivindicar elecciones directas para rector. Se convocó a un acto para el día 15, día de los profesores, en solidaridad con la lucha de los docentes en Río de Janeiro en favor de la democratización de las universidades y de mejoras en la educación. Los manifestantes argumentan que fueron acorralados por la policía en la Marginal Pinheiros y que la única forma de huir de las bombas de gases lacrimógenos fue correr hacia adentro de la tienda Tok&Stok, en la Marginal. Ellos afirman que fueron ayudados por los empleados de la tienda y que no hubo depredaciones. Según la policía, la protesta terminó con 56 detenciones y confrontaciones entre manifestantes y la Tropa de Choque de la Policía Militar.
Durante el mes siguiente, los activistas detenidos en la protesta recibieron intimaciones para declarar en el Deic.
Uno de los intimados fue el estudiante de Periodismo de la Escuela de Comunicación y Artes de la USP, Fernando Magarian de Freitas. Fernando es parte del bloque de maracatu Coro de Carcarás, que suele sumarse a las protestas, y fue detenido junto con otros estudiantes. "Estábamos en huelga todavía y, en una de las asambleas del departamento, una colega mía del Directorio Central de Estudiantes (DCE) avisó que tres estudiantes que habían sido detenidos conmigo habían recibido intimación para declarar en el Deic. Al día siguiente apareció un oficial de justicia en mi casa llamándome a declarar. Había mucha gente allí para declarar ese día, cerca de 100 personas", cuenta. Fernando fue a prestar declaración el 14 de noviembre. "Llegué allá, el escribiente confirmó mis datos personales y después me preguntó: '¿Usted sabe por qué está aquí?' Yo fije que no sabía y él me mostró la revista Época de aquella semana".
La publicación del 8 de noviembre tenía el titular "Los Black Blocs sin Máscara" como reportaje de tapa que relataba que un periodista de la revista había pasado "el fin de semana del Día de los Muertos en un campo de entrenamiento de los Black Blocs, en San Pablo". El texto describía el Black Bloc como un grupo que tenía "método, objetivos, un programa de actuación y acceso a financiamiento de entidades extranjeras" y refutaba la idea de que sería una táctica de actuación horizontal, sin líderes, que ataca símbolos del Estado y de grandes corporaciones. La revista mencionaba a tres líderes: Leonardo Morelli, de la ONG Defensoría Social; Daniela Ferraz, la "Pantera", y un ex integrante del MST llamado Paulo Matos.
"El escribiente me preguntó si yo había leído el artículo, le dije que no. Entonces él dijo: 'Éste es un artículo en el que el periodista fue recibido en un campamento de entrenamiento de milicia del Black Bloc'. Dije que yo no sabía nada de eso, él comenzó a preguntarme si yo conocía a los líderes del grupo señalados en el reportaje y le dije que no conocía a nadie", dice Fernando.
"¿PARTICIPÓ DE ENTRENAMIENTOS DE GUERRILLA?"
La estudiante audiovisual de la ECA-USP Amanda Carvalho, de 18 años, también fue detenida e intimada a declarar en los mismos días que su colega Fernando. Ella confirma que muchas preguntas estuvieron basadas en el reportaje. "Hicieron desde las preguntas más triviales como –'¿usted es Black Bloc?', '¿conoce el Black Bloc?', '¿vio la página de Facebook del Black Bloc?'– hasta las más bizarras, como '¿usted participó en entrenamientos de guerrilla urbana en el campo?'". A otros declarantes escuchados por la Pública también se les preguntó si tenían vinculación con los supuestos líderes del Black Bloc citados en el reportaje.
Según los declarantes, las preguntas también estaban relacionadas con la dinámica de las manifestaciones. "Me preguntaron '¿usted va a manifestaciones?', '¿por qué?', '¿golpeó a un policía?', '¿cometió algún acto de violencia?', '¿usted tenía palos y piedras?'. No, no, no y no. Preguntaron si eran los Black Blocs quienes lideraban la manifestación, y si era un Black Bloc el que me había convocado a la manifestación a la que yo había ido, quién me había convocado. Y yo siempre decía que dentro de la USP las entidades de los estudiantes divulgaron el acto, por eso sabíamos y estábamos allí. En eso ellos fueron más insistentes. Querían escuchar que los Black Blocs alientan a los jóvenes a participar en las manifestaciones", considera Amanda.
Detenido el mismo día 15 de octubre del año pasado, el publicitario Alexandre Morgado, de 30 años, es miembro del GAPP (Grupo de Apoyo a la Protesta Popular) que presta primeros auxilios a los heridos en las manifestaciones. Alexandre cuenta que ayudó a montar el GAPP a partir de sus propios conocimientos en primeros auxilios. "Fui brigadista de incendio durante muchos años e hice un curso dictado por los bomberos de atención en primeros auxilios", explica.
Sobre el interrogatorio, cuenta: "Me preguntaron qué estaba haciendo en la manifestación, quién era mi grupo. Quisieron saber cuántos voluntarios son, por qué hacemos esto. Nos quedamos más o menos unos 40 minutos en eso. Después comenzaron a cuestionarme básicamente sobre el Black Bloc. Me preguntaron primero si mi grupo era adepto de la táctica y yo dije que mi grupo es 100% pacífico. Incluso porque no somos activos, no tenemos pauta propia, no organizamos manifestaciones, sólo apoyamos. Nuestro papel es pasivo en la calle hasta el momento en que alguien se hiere, no tiene nada que ver con Black Bloc. Llegaron a preguntar si éramos un grupo que prestaba primeros auxilios a los Black Blocs para que ellos no fueran al hospital y fueran identificados, lo que yo negué. Si existen primeros auxilios es porque habrá otros auxilios, inclusive en el hospital si fuera el caso", recuerda. "Después preguntaron si conocía a la 'Pantera del Black Bloc', yo me reí en ese momento, tuve que sostenerme", ironiza el publicitario.
Prácticas y posicionamientos políticos individuales también fueron cuestionados. "El escribiente me preguntó qué ropa yo estaba vistiendo el día de la manifestación y por una infeliz casualidad yo estaba con una remera negra, lo que para ellos debe ser un indicio claro de que la persona es Black Bloc", dice Fernando, alumno de la ECA-USP. "Él me preguntó si yo trabajaba, si yo era afiliado a un partido, y cuál era mi posición política en relación con los Black Blocs. Quiso hacer un mapeo político e ideológico, como después descubrí también hizo con mis colegas de aquí de la ECA".
PROTESTAS VARIAS Y MPL SON BLANCOS
Buena parte de las personas intimadas a declarar en la investigación del Deic habían sido detenidas e identificadas en diferentes protestas que ocurrieron a partir de octubre de 2013. Pero éste no fue el único criterio usado para las intimaciones. El Movimiento Pase Libre (MPL), responsable de organizar las manifestaciones que llevaron a miles de personas a las calles en junio de 2013 en contra del aumento de las tarifas de ómnibus, informó que diez integrantes ya fueron intimados a declarar. "Hasta fines del año pasado, fueron llamados a declarar los miembros del MPL que fueron detenidos en el acto del 25 de octubre, uno de los cuatro de la Semana de Luchas por el Pase Libre. En el envío de intimaciones para el Deic realizados para ese sábado, 22 de febrero de 2014, fueron llamadas personas que no habían sido detenidas en ninguna manifestación, incluyendo militantes, uno de los abogados del movimiento y hasta la madre de uno de los integrantes que nunca fue a una protesta", cuenta Mariana Toledo, 28 años, miembro del MPL desde 2005.
Durante el año pasado, los integrantes del grupo decidieron no comparecer ante el Deic a prestar declaraciones. Ellos argumentan que la investigación parte de prácticas consideradas arbitrarias e ilegales por los militantes, como la detención de personas "para averiguación de antecedentes" en medio de la protesta. "Tomamos la decisión de no comparecer, en ejercicio de un derecho constitucional de quedarse en silencio. Entendemos que aquello sería una duplicación de la ilegalidad que ya había ocurrido en la delegación de policía el año pasado, cuando las mujeres pasaron por revisaciones vejatorias, las personas soportaron la situación, la Tropa de Choque ocupó la delegación y no había ninguna acusación en contra de nadie", explica Rodolfo Valente, 31 años, abogado del MPL."Entonces, por el lado jurídico, en ejercicio del derecho al silencio, y sobre todo por el lado político, de no pasar nuevamente por una ilegalidad flagrante, las personas no comparecieron. Nosotros manifestamos esa posición en peticiones entregadas en el Deic y públicamente también" (vea la nota publicada en el blog del MPL).
Valente también fue intimado a declarar en el Deic el último sábado 22 de febrero. "Para nosotros no existe una señal de intimidación mayor que intimar al abogado que estaba cuidando el caso de algunos detenidos que habían sido intimados. La persona que acompañó esto, hizo las peticiones, que es el abogado del movimiento, es intimada en este segundo llamado. Eso demuestra un esfuerzo por decir: 'Miren, no vamos a dejarlos a ustedes en paz'", evalúa Mariana. "Son estrategias realizadas para crear un clima de pánico. Si hasta el abogado es intimado, si la madre de alguien es intimada, es mejor quedarse en casa." Aún así, ella dice que el MPL no pretende parar de organizar actos, debates y otras actividades.
LAS CRÍTICAS DE LA DEFENSA
Para Alexandre Pacheco Martins, abogado de la Comisión de Derechos Humanos del Sindicato de Abogados de San Pablo, que actúa en el caso, la investigación en curso en el Deic para investigar la asociación delictiva de adeptos a la práctica Black Bloc es ilegítima. "Una investigación no es para investigar personas, sino delitos. Es ésa la divergencia principal que tenemos en relación con el objeto de la investigación policial", dice. Él señala el tenor de los interrogatorios –"de contenido político, y no de contenido delictivo"– como una de las evidencias de este hecho.
"Todas las personas que fueron detenidas para averiguación desde junio de 2013 hasta hoy están siendo de a poco sumadas [a la investigación]. Y conforme se suceden nuevos actos, nuevas manifestaciones, invariablemente también hay nuevas convocatorias de intimación para que las personas comparezcan", relata Martins.
El abogado encara la investigación policial como una forma de prevenir la radicalización de las manifestaciones, a través del mapeo de personas que frecuentan los actos. "Cuando ocurren grandes eventos, se puede emitir una medida cautelar para que la persona no pueda frecuentar espacios públicos, bajo la pena de ser detenida. Evidentemente que esas personas tenderán a mantenerse en sus casas por recelo", cree.
André Zanardo, que actúa en el caso a través del colectivo Abogados Activistas, también ve una estrategia política por detrás de la instauración de la investigación. Según él "el objeto de esta investigación es muy amplio, es peculiar". "Esta investigación está abarcando todo últimamente, situaciones de todo tipo. Y su mote es 'investigación de los Black Blocs'. Sólo que en la investigación de los Black Blocs hay de todo: profesores, trabajadores de todo tipo", critica. "Uno está declarando, por ejemplo, una señora de 50 y tantos años de edad es llamada a la delegación de policía, con toda la repercusión de la prensa, para ir a declarar en una investigación denominada 'Black Bloc'. Es una cosa absurda", sostiene, refiriéndose al caso de la madre de Lucas.
Para Martins, no hay elementos que configuren la asociación delictiva en el caso. "Son delitos autónomos de daño al patrimonio. No es esto lo que configura una asociación delictiva. Si yo no te conozco y veo que estás rompiendo una ventana, y yo también voy allá y rompo una ventana, eso no nos convierte en personas asociadas para cometer un delito. Hace que usted responda por el daño al patrimonio y yo también", explica.
Para Ariel de Castro Alves, abogado miembro del Movimiento Nacional de Derechos Humanos y del Grupo Tortura Nunca Más, el Deic estaría teniendo una "actuación de policía social y política". "Pero esta actuación sólo ocurre porque tiene respaldo del gobierno estadual y también del Ministerio Público y del Poder Judicial", analiza. "En esta investigación, ellos necesitan identificar: quién, en qué día, rompió qué, en tal día agredió a quién, quien tal día tiró una bomba molotov y contra quien. Necesitan tener esa especificidad. No se puede intentar señalar o criminalizar a personas basados en lo que 'escuchó decir' o en la posición ideológica de esas personas".
Cuestionada por la Agencia Pública, la asesoría de prensa de la Secretaría de Seguridad Pública no quiso revelar los nombres de los delegados que actualmente son responsables de la investigación. "Por ahora es prudente parar de dar demasiada visibilidad a este asunto en relación con la policía que está trabajando. Esto fue dicho hasta el agotamiento durante un tiempo y ahora la determinación es no hablar más", declaró la asesoría. La Secretaría se negó a confirmar o refutar si la policía está realizando escuchas telefónicas, o pedidos de anulación de secreto de datos telefónicos y digitales de los investigados.
De acuerdo con el director del Deic, Wagner Giudice, la policía espera informaciones requeridas a Facebook sobre los investigados. "Uno obtiene información de una persona, ve con quien él conversa, quien está cerca… Así es cómo trabajamos. Hoy es muy fácil hacer esto, está todo integrado", explicó el director sobre el mapeo realizado a través de las redes sociales. Según él, no hay una previsión de final de las investigaciones en curso en la investigación 01/2013.
DETENCIÓN DE PAREJA POR LEY DE SEGURIDAD NACIONAL DIO ORIGEN A LA INVESTIGACIÓN
El 7 de octubre de 2013, a las 22h30, Humberto Caporalli, 24 años, y Luana Bernardo Lopes, de 20, fueron detenidos en la esquina de la avenida São João con Ipiranga –irónicamente, la esquina de la tarjeta de presentación de la capital paulista eternizada en la voz de Caetano Veloso. Ambos participaban en una protesta en solidaridad con los profesores en huelga en Río de Janeiro que también reclamaba más inversión en educación. Según Humberto, que contó en entrevista con la Pública, él y Luana recorrían las calles fotografiando la manifestación cuando se toparon con un vehículo policial desguarnecido en la avenida Río Branco. Inmediatamente, la pareja presenció y fotografió –según la versión de Humberto– el accionar de los manifestantes que llegaron y depredaron el vehículo policial.
Más tarde, ambos fueron abordados, junto con otro hombre, por policías armados que llevaron sólo a Luana y a Humberto a un vehículo policial reforzado de traslado de presos. "El policía tomó la cámara, les mostró las fotos y dijo: ¿ustedes estaban en la protesta? Yo respondí que sí. Él dijo: ustedes están detenidos". En la versión registrada en el Boletín de Casos policial las fotografías producidas por Humberto sobre la depredación del vehículo policial comprueban la participación del dúo en el acto. No es mencionada la presencia del tercer manifestante señalado por Humberto.
Los dos llegaron a ser expuestos por los policías a la prensa, en el banco trasero del vehículo policial, y las fotos personales que estaban en la cámara fotográfica incautada fueron publicadas por la prensa. "Mi madre se enteró que yo estaba preso cuando salió en el Noticiero Nacional", cuenta Humberto.
Detenidos en flagrante, ambos fueron encuadrados en el artículo 15 de la Ley de Seguridad Nacional promulgada por João Figueiredo en 1983 –que prevé la pena de 3 a 10 años para quien practica sabotaje contra "instalaciones militares, medios de comunicaciones, medios y vías de transporte, astilleros, puertos, aeropuertos, fábricas, usinas, represa, depósitos y otras instalaciones congéneres" (entre aquí). También fueron acusados por daño calificado al patrimonio público, incitación al delito, asociación delictiva y delito de escribir en las paredes.
Humberto también fue encuadrado por portación ilegal de arma de fuego de uso restricto –el Boletín Oficial relata la incautación de una bomba de gases lacrimógenos "aparentemente utilizada". El joven admite: "Yo estaba con una cápsula usada de bomba de gas marca Condor, empresa fabricante de Río de Janeiro. Todas las bombas usadas por la policía en los protestas son de esa empresa. Tengo una colección de esas latas Condor, tomo una en cada manifestación, quería hacer unas instalaciones artísticas colocando poesías en las latas". Él puede recibir de tres a seis años sólo por la posesión de ese artefacto. En entrevista con Agencia Brasil, el ex-delegado titular del 3º Distrito Policial (DP), Antonio Luis Tuckumantel, justificó la acusación diciendo que la bomba de gas lacrimógeno "aunque [estuviese] detonada, estaba en su posesión, y es de uso restricto de la policía".
También consta en el boletín de ocurrencia de casos la incautación de un cuadernillo de "Cómo comportarse en Movimientos Sociales" entre los pertenencias de Caporelli. Humberto dice que ese "cuadernillo" era un simple panfleto distribuido por el grupo Abogados Activistas, que presta auxilio jurídico voluntario a manifestantes detenidos. En el Boletín Oficial los únicos testigos son los propios policías.
"Se quedaron mirando mis conversaciones en facebook durante la madrugada"
Según Humberto, mientras todavía estaban en el vehículo policial, a camino de la delegación, escucharon a los policías que serían encuadrados en la legislación militar. "Él me dijo: ustedes se pasaron, ¿saben lo que va ser? La Ley de Seguridad Nacional. Luana lloraba, yo me quedé helado. Sabía más o menos lo que era Ley de Seguridad Nacional, pero no sabía que existía algo así en Brasil".
La pareja llegó al 3º DP, en los Campos Elíseos, a las 23h30. Separado de Luana, Humberto tuvo que sacarse la ropa y fue esposado y llevado a un calabozo. Después, fue obligado a entrar en su Facebook en la computadora de la delegación de policía. "Él [el policía] preguntó: ¿cómo se enteró de la manifestación? Respondí: por Facebook. Él entonces dijo: me muestra, me muestra, ponga aquí. Él me hizo señas para que entre en mi Facebook en la delegación. Se quedaron mirando mis conversaciones durante la madrugada", relata. El Boletín Oficial informa, en términos genéricos, que "a través de un trabajo de la policía judicial (…) consiguieron identificar a Humberto como miembro del grupo 'Black Block' a través de su perfil de facebook".
Humberto durmió en una de las celdas de la delegación que, superpoblada, albergaba de 20 a 30 detenidos. "Había gente que no tenía lugar para dormir. Nos turnábamos, mientras unos se acostaban y dormían, otros se sentaban, eso para que quepan todos. Sólo había una manta que usábamos para cubrirnos o para colocar en el suelo. Pensé que me iban a dejar allá adentro y tirar la llave afuera".
Desde allá, fue transferido a otro DP y, en seguida, al Centro de Detención Provisoria (CDP) Belém II. Luana fue enviada al CDP femenino de Franco da Rocha.
En el mismo día de las transferencias, 9 de octubre, el juez Marcos Vieira de Morais, del Departamento de Investigaciones Policiales (Dipo) del Tribunal de Justicia de San Pablo, determinó el relajamiento de la detención. "Ellos ni siquiera fueron flagrados o reconocidos por los policías como autores de los actos de depredación del vehículo policial, situación que, aisladamente, no puede ser encuadrada en un primer análisis en delito de sabotaje", afirmó el juez en su decisión. La acusación a los jóvenes llegó a ser criticada por la ministra María do Rosario, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República: "En el período democrático, es completamente anacrónico usar una legislación como la Ley de Seguridad Nacional, que es muy triste para la memoria de Brasil, ya que recuerda el período de la dictadura militar", dijo ella.
Al ser liberado del CDP, Humberto tuvo que pedir dinero prestado para conseguir pagar su pasaje de vuelta a la casa de su familia en Mogi Guaçu, interior de San Pablo. Sin abogado, él dice que no sabe como está el proceso, pero cuenta que fue intimado a prestar declaración a fines de diciembre de 2013. Jamás fue informado que su caso era citado como justificación de la apertura de la "investigación Black Bloc" del Deic en San Pablo.
